El Consejo Directivo Nacional de la CGT expresó: “La Confederación General del Trabajo (CGT) rechaza el intento del gobierno nacional de aplicar sanciones estrictamente políticas contra los compañeros y compañeras de la Fraternidad y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como castigo por la adhesión de estos gremios a la convocatoria de la central obrera al contundente paro nacional del pasado 19 de febrero.” A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, el gobierno anunció el inicio de sumarios contra ambas organizaciones sindicales y la amenaza de multas imposibles de tomar en serio, que irían “desde el 50% al 2.000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado” por las medidas de fuerza. IP Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales amparadas por la Constitución, el gobierno debería preocuparse por reaccionar ante el cierre de empresas, el aumento del desempleo y la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Si a las autoridades les preocupa la alta adhesión al paro, deben saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad, no con persecución política y sindical.
